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Por una Internet justa y sostenible

#Yes2copyright #NoTeDejesManipular

 

El futuro de los creadores europeos está en jaque. Multinacionales tecnológicas se aprovechan de su trabajo sin pagarles de forma justa.
Mientras tanto, esas mismas grandes compañías están detrás de una campaña de desinformación y acoso a los eurodiputados sin precedentes.
Todo esto se podría solucionar si el Parlamento Europeo aprueba la Directiva del Copyright. ¡Pasa a la acción!

 


¿Qué puedo hacer?

Puedes apoyar el Manifiesto por una Internet abierta y justa promovido por la eurodiputada alemana Helga Trüpel. No importa el tamaño o la relevancia del artista o sello, necesitamos demostrar que hay mucha gente afectada por las liquidaciones paupérrimas de plataformas como YouTube.

Puedes publicar tu mensaje en redes sociales con los hashtags #NoTeDejesManipular #Yes2Copyright y etiquetando a los eurodiputados españoles. También puedes seguirnos en @ufimusica y darle a me gusta y retuitear nuestras publicaciones. Y seguir las redes y difundir las campañas de @impalamusicEurope For Creators.

Puedes escribir a tus eurodiputados o representantes de los partidos políticos para explicarles por qué es tan importante que se regule la responsabilidad de las plataformas digitales para que remuneren a los creadores de forma más justa.

Puedes descargar el manifiesto, los documentos, fotos y materiales para utilizar aquí.

 


¿Qué es el Value Gap?

Algunas plataformas de contenidos subidos por usuarios, como YouTube, no remuneran a los creadores como debieran porque no tienen la obligación de licenciar con los titulares de las obras que explotan. Dichas plataformas se escudan en una legislación obsoleta para argumentar que son meros proveedores de alojamiento de contenidos, cuando es patente que la actividad que realizan genera un derecho de puesta a disposición al público.

El hecho de que el contenido lo suba a la plataforma un usuario particular o un artista/discográfica no cambia el hecho de que estas plataformas indexan, ordenan en listas, recomiendan, incluyen publicidad, permiten incrustar contenidos en otras páginas web, redes sociales o plataformas, y, en definitiva, tienen un rol activo en el acceso de las personas al contenido, que sobrepasa la mera acción de intermediario y las debería colocar en el deber de negociar autorizaciones con los correspondientes titulares.

Esta situación genera una desprotección para los creadores, que ven cómo sus ingresos por el streaming son mucho más bajos de lo que les correspondería. Los sellos y artistas reciben de media diez veces menos por stream de plataformas como YouTube que a través los servicios correctamente licenciados como Apple, Tidal, Spotify o Deezer. Esto es lo que conocemos como brecha de valor o Value Gap.

 


¿Por qué la Directiva?

La Comisión Europea propuso una reforma de los derechos de autor el 14 de septiembre de 2016. La propuesta de Directiva actualiza el conjunto existente de normas sobre derecho de autor para que sean adecuadas para un mercado único digital que funcione correctamente. En 2018, tras meses de consultas con las partes implicadas y de trabajo interno en varias de sus comisiones, el Parlamento Europeo votó a favor del texto revisado el 12 de septiembre, dando inicio a los trílogos, donde los tres estamentos europeos (Comisión, Consejo y Parlamento) tuvieron que acordar un texto final de consenso.

Hace un par de semanas los Estados miembros ratificaron ese texto definitivo y la semana pasada la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento dio su visto bueno para que la Directiva pase a la votación del plenario, que tendrá lugar en los próximos días. El texto final se puede consultar en la web del Parlamento Europeo.

 


¿Qué dice el Artículo 13?

El objetivo principal del Artículo 13 es permitir que los creadores de contenidos y otros titulares de derechos negocien licencias con los servicios en línea que ponen a disposición del público esos contenidos para determinar cómo se usa y comparte su trabajo. Esto les dará a los creadores, autores y titulares de derechos más control sobre sus obras y les permitirá recibir una remuneración más justa.

Esta obligación sólo afectaría a las plataformas de contenido subidos por los usuarios (como YouTube) que se han convertido en importantes fuentes de acceso a la música, de la que obtienen beneficios financieros en forma de publicidad, a menudo sin el consentimiento de los titulares de los derechos.

Desde la propuesta inicial en 2016, y especialmente durante los últimos meses en los trílogos, se ha realizado un arduo trabajo para incorporar enmiendas que clarifican el texto y no dejan lugar a dudas a que las excepciones a las leyes de derechos de autor que ya existen en el mundo físico seguirán aplicándose (por ejemplo, los derechos de cita y parodia, es decir, los memes estarán a salvo) o que las enciclopedias sin ánimo de lucro (como Wikipedia) o los desarrolladores de software open source, entre otros, no estarán sujetos a esta normativa.

 


¿Afectará a los usuarios?

La Directiva no limitará a los usuarios y su capacidad para cargar contenido, al contrario, aclara la posición de ciertas plataformas digitales de distribución masiva de contenidos y confirma que son las responsables de obtener las licencias de uso de los titulares y también son las responsables en caso de infracciones, en lugar de las personas que suben esos contenidos, como sucedía hasta ahora.

Se puedes consultar las respuestas a las dudas más frecuentes sobre la propuesta de Directiva aquí.

 


¿Beneficiará a los artistas?

Sin duda. Además de aumentar sus ingresos por los royalties del streaming en las plataformas digitales como YouTube, la propuesta de Directiva también incluye otros artículos que mejorarán la transparencia de las transacciones con los autores y artistas y que les permitirán obtener remuneraciones más justas.

Los socios contractuales de los creadores (discográficas y editoriales) tendrán que compartir con los creadores información sobre la explotación de sus obras y actuaciones. También incluye un mecanismo por el cual los creadores pueden solicitar una remuneración adicional cuando la originalmente pactada se vuelve desproporcionadamente baja en comparación con los ingresos generados por el uso de sus obras.

Pero estas disposiciones carecerán de sentido si no están también acompañadas por el Artículo 13, del que depende toda la cadena de valor subsecuente.

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